Fallo de la Corte :
efectos inmediatos en la coparticipación
Una reflexión sobre el impacto en el sistema previsional y una crítica
a las políticas públicas.
En el año
2006, Santa Fe y San Luis planteaban la inconstitucionalidad en la detracción
del 15% sobre los impuestos coparticipables que se destinan al financiamiento
de la Anses. La
Corte Suprema de Justicia se tomó su tiempo, y casi una década después falló a
favor de las provincias.
Equidad: volvemos
a estar más equilibrados
Desde el
interior, la impresión es que llega una bocanada de federalismo, en un contexto
en el que las provincias perdieron 5 puntos de participación sobre los
impuestos nacionales en los últimos 15 años (hoy equivalente a unos $ 80.000
millones por año; paradójicamente, una cifra cercana a la que podrían
capitalizar anualmente las provincias de extenderse el fallo).
Por otro
lado, el fundamento que inicialmente justificó que la Anses se financie con
“pre-coparticipación” fue la creación de las AFJP, un sistema privado que
restaba aportantes y financiamiento al sistema público. Una vez unificado y
estatizado el sistema previsional, perdían sentido estas detracciones excesivas
de impuestos coparticipables.
Con el
antecedente de la inconstitucionalidad declarada por la Corte , en caso de que
Mendoza también sortee a futuro la detracción del 15% sobre su
coparticipación lograría sumar una cifra cercana a los $ 2.900 millones
anuales, monto más que relevante y oportuno ante la crisis fiscal que
enfrentamos.
Desvelo: el sistema previsional
se torna insostenible
En la
actualidad, el sistema previsional argentino contempla cerca de 8 millones de
prestaciones (sumadas a 3,6 millones de niños y jóvenes con Asignación
Universal). El 50% de las prestaciones fueron incorporadas mediante programas
de inclusión que permitieron otorgar beneficios a personas que no habían
realizado los aportes.
Estas
políticas las pudo sostener la
Anses debido a que 1 de cada 3 pesos de sus recursos
provenían de ingresos tributarios (principalmente el 15% de la coparticipación
bruta, 11% de la recaudación de IVA y 20% de la recaudación de
Ganancias).
El fallo de
la Corte , si es
extendido a todas las provincias, limitará los recursos de la Anses y provocaría en lo
inmediato un déficit superior a los $ 32.000 millones anuales en la seguridad
social.
Podríamos
pensar en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (los ahorros de la Anses ) como compensador de
este déficit. Sin embargo, el 80% del Fondo son títulos públicos y proyectos de
obra pública, por lo tanto, existen poco más de $ 100.000 millones de fondos
líquidos, cifra pequeña ante la magnitud del déficit estructural que se
generaría.
Mediocridad técnica en
el diseño de las políticas
Al asumir
el año pasado, la presidenta Michelle Bachelet convocó una comisión asesora con
el fin de realizar un diagnóstico acerca del funcionamiento del sistema
previsional y para elaborar propuestas destinadas a resolver las deficiencias y
hacer el sistema más inclusivo y sostenible. La comisión, conformada por 25
especialistas destacados en materia previsional, luego de un año de trabajo
entregó en setiembre pasado su informe final proponiendo 58 medidas
concretas.
Las
diferencias con Argentina son notables. Aquí, en un mes, de manera
intempestiva, inconsulta y sin aceptar sugerencia alguna, el Gobierno Nacional
decidió cambios estructurales en el sistema previsional. Hoy vemos los
resultados de la impericia, el sistema es débil y no cierra.
A modo de
síntesis, el fallo de la Corte
nos dejará un bienvenido equilibrio en el reparto de fondos Nación/Provincias.
Sin embargo, también obligará a repensar el financiamiento y sostenibilidad de
la seguridad social. De lo contrario, como sociedad, corremos el riesgo de no
consolidar (y ampliar) los derechos adquiridos por millones de adultos mayores,
jóvenes y niños.
Fuente: Diario
los Andes. Suplemento de Economia.-
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